- Política Junts suaviza su iniciativa sobre la cuestión de confianza, admite que no tiene "vinculación jurídica" y hace referencia a la Constitución
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Junts no espera y dispara la bala. El partido de Carles Puigdemont llevará el próximo martes, día 25, a votación en el Congreso la proposición no de ley que reclama a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza en la Cámara. La iniciativa no tiene efectos jurídicos, así que no puede obligar a nada al presidente del Gobierno en el caso de salir adelante, sin embargo, el propio debate político en sí ya es un examen que medirá la salud de los apoyos del Ejecutivo.
Los neoconvergentes han aprovechado la primera ocasión que han tenido para llevar la iniciativa al próximo orden del día del Pleno del Congreso, según han confirmado fuentes de Junts después de unas horas de incertidumbre.
El partido catalán tiene cupo la próxima semana para introducir la proposición no de ley. De no haberlo hecho ahora, habrían tenido que esperar al menos hasta después del verano para poder hacerlo, lo que habría diluido el golpe de efecto del órdago. Pues esto siempre ha sido una baza para apretar al PSOE y negociar.
Este golpe de efecto está garantizado porque somete al Gobierno a la tensión de discutir y medir sus apoyos parlamentarios, aunque formalmente el debate sea jurídicamente distinto. Tal es así que la mera presentación de la iniciativa provocó una enorme crisis entre el PSOE y Junts por entenderlo así.
Este choque se agravó cuando los socialistas, ayudados por Sumar, estuvieron bloqueando varias semanas en la Mesa del Congreso que la iniciativa superara el primer filtro para tramitarse. Paso indispensable para poder llevarlo a pleno y forzar una votación. Los socios del Gobierno consideraban que la propuesta no tenía encaje legal, pues la presentación de una cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y no de los grupos. Para los partidos está la herramienta constitucional de la moción de censura.
Tras muchos tiras y afloja y una negociación a cara de perro entre los dos partidos en el contexto de la aprobación del segundo decreto ómnibus, después de que Junts tumbara el primero, el PSOE aceptó finalmente la exigencia de tramitarla. A cambio, Junts aprobó el segundo decreto y reformuló una parte del texto para suavizarlo. La formación liderada en el Congreso por Miriam Nogueras cambió ligeramente la redacción y PSOE y Sumar abrieron la mano en la Mesa.
La redacción original de la proposición no de ley ocupaba una línea y media y buscaba directamente instar a Sánchez a plantear una cuestión de confianza. La nueva redacción lo suaviza y le pide "considerar la oportunidad" de hacer uso de esa prerrogativa.
De igual modo, el texto de Junts remarca que su propuesta sólo tiene un "valor político" y no "efectos jurídicos". Por tanto que el presidente no está obligado a hacer caso al Congreso si sale aprobada, pues la Constitución le reserva esa decisión a él en exclusiva.